La decisión de inversión y materialización de un proyecto debe, en la actualidad, contar obligatoriamente con dos aprobaciones o generación de acuerdos básicos: aprobación ambiental y acuerdos con las comunidades presentes en su área de impacto. Cualquiera de las dos que no se logre implicará la imposibilidad de ejecución de la iniciativa proyectada.
Por la parte ambiental se deberá contar con la resolución de aprobación respectiva y la obtención de los permisos requeridos; por la parte comunitaria lograr tener acuerdos formales con las comunidades presentes.
Hace no más de 5 años atrás, en general, este proceso de aprobación se iniciaba con el desarrollo de un diseño conceptual del proyecto, identificando sus procesos principales, evaluación de sus potenciales impactos ambientales y/o sociales, definición de medidas de mitigación y/o compensación y la elaboración de la correspondiente herramienta de calificación ambiental: una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio de impacto Ambiental. En paralelo con el ingreso a tramitación ambiental, junto con la autoridad, se diseñaba y acordaba la aplicación de un Proceso de Participación Ciudadana, con el objeto de informar y a su vez poder contar dentro del proceso con las eventuales observaciones ciudadanas al proyecto. Hasta ahí todo en línea con lo establecido en la legislación vigente.
En la actualidad ese conjunto de actividades secuenciales verdaderamente han perdido efectividad y validez, y lo que es más importante, la aceptación por parte de las comunidades.
Hoy las exigencias y mecanismos de participación por parte de la ciudadanía apunta a algo diferente, que obliga a lograr un diseño distinto respecto del proceso de tramitación, pensarlo de otra forma y lo más importante, aplicarlo de otra manera.
En la actualidad, y comprobado hasta el cansancio, lo que las comunidades, sus líderes sociales y muy especialmente comunales - léase alcaldes - piden es una mayor participación en forma previa al ingreso de los proyectos en tramitación. Se suele escuchar a menudo: “nosotros somos los dueños de casa y queremos saber qué es lo que quieren hacer, como lo quieren hacer, cuando lo quieren hacer, donde lo quieren hacer y definir cuales serían los beneficios que esto nos traerá a nosotros a lo largo de la vida útil del proyecto”.
¿Qué es esto? No es más que una solicitud que cada día toma más fuerza casi hasta el estado de vinculante respecto a participar en el diseño del proyecto mismo y a su vez participar y emitir opiniones acerca de los lugares de emplazamiento, observaciones respecto a eventuales impactos en el ecosistema, la validación de las medidas de mitigación y compensación propuestas, la definición de beneficios e instancias de desarrollo asociadas al mismo y la obtención de acuerdos.
Si lo pensamos bien, el lograr el buen desarrollo de esos procesos y poder satisfacer esos requerimientos, solo debe apuntar a facilitar la instancia de aprobación ambiental. En la actualidad la autoridad ambiental asume un buen diseño técnico en equilibrio con el ecosistema por parte del titular, lo que es una obligación, pero valora y exige el asegurar los acuerdos con la comunidad. Por mucho que se cumpla técnicamente y ambientalmente, si no se tienen los acuerdos sociales, los proyectos difícilmente se aprobarán y tendrán viabilidad respecto a su posterior etapa de construcción.
El camino es más largo, se debe partir antes, pero aunque se piense que puede no estar eventualmente apegado a derecho o que se transforma en algo subjetivo, si se logra, el camino tendrá mucho ya avanzado y recorrido.
Es una realidad y parece no tener vuelta atrás. El análisis de riesgos debe ser previo a cualquier decisión y no queda otra que pensar en forma diferente respecto a la ejecución de los procesos y etapas aprobatorias.
Hay que adaptarse, habrá que mirar distinto y desde la vereda de ambas partes, generar confianza previa y al final del camino optar por lograr que sean las mismas comunidades las que pidan que el proyecto se apruebe. Si no, no perdamos tiempo o armémosnos de mucha paciencia para lograr las aprobaciones finales, con un grado latente e incierto de potencial conflictividad.
Alguien tiene que ceder y alguien tiene que partir.
La experiencia así lo demuestra.
Gysling y Cía