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El impacto de las comunidades en los proyectos de inversión


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En el último tiempo, la incidencia que ha tenido la participación de las comunidades presentes en las zonas de emplazamiento de proyectos de inversión ha sido cada día más relevante. Importantes proyectos se han detenido por la acción de ciertas comunidades y, lo más notable, es que la mayoría de ellos contaban con autorización ambiental (RCA). Tales son los casos del proyecto minero El Morro, el agroindustrial Freirina y los de energía Castilla, Barrancones y Doña Alicia, entre otros. ¿Dónde se ha generado el mayor cambio? Por una parte, las comunidades y la sociedad civil cambiaron, y sin vuelta atrás: más empoderadas y críticas, con expectativas distintas y sin miedo a perder la oportunidad de que un proyecto se efectúe. Por la otra, cambios a la legislación y carencias de la misma han apuntado a los mismos efectos. La legislación actual establece la obligatoriedad del proceso de participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, pero llevamos años intentando aplicar el Convenio 169 sobre pueblos originarios sin un claro reglamento, generando una gran subjetividad en su ejecución. Nadie está en contra de que se realicen procesos ciudadanos y que los proyectos aseguren el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, pero no se puede ser indiferente a la tardanza y a la extensión excesiva de los procesos de evaluación por temas comunitarios, ni a la priorización por parte de los evaluadores de la generación de acuerdos previos con las comunidades, por sobre los conceptos técnicos, ambientales y su cumplimiento. Hay casos de proyectos que llegaron a su etapa final de votación con pronunciamientos favorables respecto de sus servicios técnicos, pero que finalmente se rechazaron por conceptos comunitarios o por la participación de algunos de sus representantes en esa sesión. Con la mira puesta en la búsqueda de soluciones, hay que observar esta situación en base a un enfoque distinto y una mejor aplicación de procedimientos. Por parte de los evaluadores, adoptar un mejor alineamiento de criterios respecto a los temas sociales, y ojalá algún día contar con una legislación clara en su forma de aplicación. Por otro lado, los inversionistas deben internalizar que el tema social tiene que estar incluido desde el inicio del proyecto, en su diseño original, y dar un giro respecto de no tan antiguas prácticas que se centran en políticas de donaciones y mejoramiento de instalaciones locales. Las comunidades quieren relaciones inclusivas y de largo plazo, que generen desarrollo, y buscan ser integradas en los procesos externalizados. Si al proyecto le va bien, a ellas también les va bien. Compartir valor. Suena lógico y es un gran desafío.



Gysling y Cía

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