Todos sabemos que como país estamos pasando una etapa complicada, con un nivel de confianza inmensamente bajo, con una aprobación social muy reducida, con incertidumbres básicas respecto a las eventuales reformas estructurales, con un nivel de beligerancia en aumento, con el precio de nuestro principal producto nacional deprimido, con proyectos que involucran importantes niveles de inversión - principalmente mineros y energéticos - postergados o abortados, con procesos de evaluación ambiental que suelen ser extremadamente largos, con procedimientos de aprobación poco expeditos y con una cesantía que no se reduce, muy por el contrario, tiende a aumentar.
Obviamente, la responsabilidad por intentar variar positivamente el desempeño de algunas de estas variables es tarea de todos los involucrados, por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿lo estamos haciendo bien como ciudadanos y como país?
Cada semana nos informamos por la prensa que importantes proyectos de inversión se atrasan, se reducen o se postergan, algunos de ellos por interminables procesos de evaluación y generación de acuerdos y con una oposición social que pareciera no contar con las herramientas correctas y claras para lograr consenso y acuerdos.
Sumado a esto, cierto ambiente de politización que sólo se traduce en manifestar posiciones por parte de los “honorables” de acuerdo a lineamientos muchas veces partidistas y orientados a futuros procesos eleccionarios. Finalmente, el crecimiento del país se mantiene con tasas muy por debajo de las esperadas y sin observar claramente un repunte concreto y con respaldo sólido hacia el futuro.
Podemos apreciar que en la actualidad la mayoría de los proyectos que finalmente no se ejecutan, o bien se postergan o abortan, no se deben necesariamente a razones técnicas, falta de tecnología, ni tampoco por la falta de disponibilidad de recursos.
Por éstas y muchas otras razones es que al parecer hay algo que en casa estamos haciendo mal y no todos empujamos, desde cada posición, por igual ni para el mismo lado. Las autoridades, mayoritariamente las ambientales, definen procesos que se alargan y dilatan sin mayor problema, se imponen procesos fiscalizadores que se manejan en base a lineamientos y procedimientos internos extremadamente rígidos y con una sociedad que le perdió el miedo a que los proyectos no se concreten, sumado a inversionistas cada vez más reticentes en asumir riesgos, basado en un nivel de desconfianza no menor.
¿Dónde puede estar el cambio para lograr agilizar el país por el bien de todos? Obviamente, el cambio debe estar asociado a una nueva generación de confianza mutua entre las partes, sin embargo, ese parece ser un proceso que tarda mucho más que la necesidad de solucionar nuestras urgencias.
Es probable que la mejor manera sea demostrando ejemplos concretos de modo que la misma sociedad poco a poco vaya percibiendo los beneficios asociados a la materialización de las inversiones.
Cuando los niveles de cesantía en algunas regiones - principalmente en las zonas rurales donde están emplazados los proyectos - disminuyan significativamente, cuando los pequeños empresarios locales sean testigos de poder mantener y hacer crecer sus ingresos, cuando el diseño social de los proyectos incluyan relaciones inclusivas con las comunidades de manera que si a un proyecto le va bien, a la comunidad también le va bien, generando desarrollo asociado al mismo proyecto y terminando con las políticas de donaciones y contingencia, los escenarios pudiesen cambiar.
Cuando las autoridades ambientales y servicios relacionados manifiesten en la práctica que los proyectos hay que hacerlos y entre todos buscar la mejor manera asegurando un total cumplimiento ambiental y manifestando también observaciones en los procesos de evaluación lógicos y razonables, eliminando solicitudes de evaluaciones y estudios que a veces suelen alejarse de lo racional o bien inoportunas, las oportunidades y materialización concreta de los proyectos pudiesen también cambiar.
Sin embargo, para lograr esto se necesitan ciertas definiciones básicas y decisión. Perder el miedo a relacionarse con el Estado o con los privados, dejar de lado trabas y restricciones políticas o ideológicas, que de una vez el Estado a través del gobierno de turno priorice qué es lo más urgente en etapa de crisis: reactivar el país, generar más empleo e inversión, aumentar el ingreso y no necesariamente gastar todas las energías en tratar de desarrollar, convencer y aprobar, de la manera más rápida posible, reformas de largo plazo y de las cuales no se tiene mediana claridad acerca de cuál será efectivamente su impacto.
Es necesario establecer un alineamiento real en todas las instituciones involucradas, con un fin de país y todo por el bien común de sus ciudadanos, frase que normalmente sólo escuchamos en la mayoría de los discursos en fechas o aniversarios memorables.
Los momentos de crisis son buenas oportunidades, pero para tomar decisiones hay que dejar de lado los miedos, atreverse, tratar de confiar y por sobre todas las cosas, asumir un fin común, que no es más que mejorar nuestro país, su gente, fomentar su desarrollo y no intentar ganar cada día más, de la forma más rápida ni tampoco estar orientados a ser sólo un controlador y no un jugador activo o hacer lo posible por asegurar ganar la próxima elección.
Gysling y Cía