Todos los que alguna vez debieron evaluar un proyecto saben que una idea debe pasar por múltiples etapas para llegar a concretarse. Esta materia lleva al menos un par de siglos bajo estudio lo que ha generado variados indicadores orientados a determinar si esa primera idea merece llegar a ser un proyecto, si es viable o no. Sin embargo, la viabilidad ambiental de un proyecto apenas tiene, en lo formal, poco más de dos décadas en Chile. En efecto, solo desde que la evaluación de impacto ambiental de proyectos pasó a ser algo obligatorio, con la publicación del primer reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 1997, es que, para algunos de ellos, una de las etapas más determinantes es aquella dedicada a conseguir la autorización ambiental, la que no siempre se acomete con la prioridad que, la práctica ha demostrado, merece.
Consciente o inconscientemente, a esta etapa se le comienza a dar forma desde que se piensa en la idea, con las primeras visualizaciones del diseño mismo del proyecto, y no solo es determinante para obtener la eventual autorización ambiental necesaria para su materialización, sino que también para mantenerla en el futuro y lograr los rendimientos y rentabilidades originalmente planificadas para éste.
En efecto, ya en la etapa de diseño de un proyecto se comienzan a definir aquellas características que podrán dificultar o facilitar la eventual autorización. Dificultades que, la experiencia en el SEIA demuestra, incluso podrían terminar traicionando la esencia misma del proyecto y deformándolo al punto de no poderlo construir u operar como fue planificado, o de caer recurrentemente en riesgos de incumplimientos regulatorios que afecten su solvencia futura o al menos la reputación y la participación en el mercado de sus productos.
Sí, porque cuando un proyecto se entrampa en la tramitación de su autorización ambiental, la ansiedad por zanjar definitivamente las dudas y observaciones que emanan de dicho proceso, con el objetivo de obtener finalmente la resolución de calificación ambiental favorable (RCA), muchas veces termina desvirtuando los procesos constructivos y/u operacionales, las medidas de mitigación pensadas para gestionar los impactos ambientales identificados, las medidas de compensación comprometidas, y también las medidas de control y seguimiento. A veces es tal el nivel de acomodación que se le imprime al diseño del proyecto para satisfacer a los evaluadores y a sus críticos, que la cantidad y calidad de las exigencias, requerimientos y compromisos establecidos en la RCA pueden llegar a hacerse inmanejables.
Técnicamente, muchas veces las medidas de control y seguimiento de las variables ambientales pueden ser imposibles de ejecutar de acuerdo con lo comprometido, por ejemplo, cuando las condiciones ambientales no permiten que los equipos cumplan sus funciones o simplemente los destruyen. Otras veces, los compromisos comunitarios asumidos en el fragor de la evaluación, que no son capaces de resolver las inquietudes o expectativas de quienes se sienten afectados, entraban la futura gestión o no aplacan la potencial conflictividad social en torno al proyecto. Por ejemplo, aquellos fondos destinados a “compensar” eventuales impactos sobre la comunidad, que terminan convirtiéndose en derechos adquiridos, y no generan el valor compartido esperado en lo que debería ser una relación constructiva win-win entre ellos.
Todas estas dificultades, además de atrasar las aprobaciones ambientales y el cronograma de ejecución que fue planificado para el proyecto, muchas veces terminan imponiendo costos adicionales no considerados, debido a modificaciones de diseño de último minuto que abultan o desvían las inversiones, generan costos adicionales e injustificados en monitoreo y seguimiento y obligan a establecer relaciones pecuniarias con la comunidad que son discordantes y fracasan en el logro del objetivo de bien común que inspira a los proyectos.
Finalmente, el resultado práctico es que se termina potenciando un escrutinio público de crítica negativa hacia el proyecto, el cual desencadena frecuentes conflictos con autoridades y comunidades vecinas, encareciendo la operación y exponiendo a la organización a riesgos regulatorios de alto impacto para la empresa. No se debe olvidar que todos los acuerdos y compromisos consagrados en las RCA´s son fiscalizables por la Superintendendencia de Medio Ambiente y su incumplimiento puede generar sanciones y medidas de alto costo para la empresa.
De ahí que, la experiencia aconseja, definir una estrategia de sustentabilidad muy en los albores del proyecto, cuando recién se piensa en su diseño y su ubicación y/o en los recursos a intervenir. Esta estrategia deberá comenzar identificando los factores de riesgo que se derivan del lugar de emplazamiento, el origen y especialidad de los recursos humanos que se requerirán para su construcción y operación, la relación con las comunidades vecinas (más aún si éstas son protegidas), la biodiversidad presente en el área de influencia, la disponibilidad y competencia por recursos clave (como el agua, la praderas para pastoreo y las zonas consideradas sagradas o de valor arqueo-antropológico, por ejemplo), las fuentes de energía, las vías de acceso y de transporte. Todos estos, son factores determinantes en el enfoque que se le deberá dar a la configuración del proyecto y a la propuesta que se hará para lograr su autorización en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya sea a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Estudio (EIA) o Consulta de Pertinencia, o sólo por la vía sectorial.
Así, una etapa que antiguamente se consideraba un mero trámite administrativo, como sí lo es la obtención del permiso de edificación, ha pasado a ser un punto clave, al cual se le debe dedicar la debida investigación e “inteligencia” previa, orientadas a definir una correcta estrategia para la evaluación de impacto ambiental
y el diseño de precisas herramientas tácticas que permitan ir despejando el camino del proceso de evaluación y el éxito en las diversas etapas que este contempla.
Para lograr lo anterior, se requiere establecer una comunicación ágil y confiable entre el titular del proyecto y sus asesores, mediante la cual se logre transmitir al equipo de consultores en evaluación de impacto ambiental la esencia del proyecto y sus objetivos. Ello, pasa por un trabajo cohesionado entre los asesores del titular y los consultores técnicos, que logre expresar un relato preciso de los objetivos del proyecto, con medidas de gestión y control ambiental de rigurosa fundamentación técnica, evitando eufemismos orientados a minimizar la relevancia de los aspectos ambientales y sociales que se han identificado y abordado, pues estos solo generarán desconfianza en los evaluadores y stakeholders.
Todo lo anterior, requiere de una conjunción de saberes y experiencias que permitan guiar el desarrollo de las estrategias y el proceso de evaluación de impacto ambiental, imprimiendo altos estándares de calidad al contenido técnico de la información, así como a la edición de la documentación. El objetivo es evitar la generación de confusiones y malas interpretaciones, así como el uso de retóricas vanas que desorienten al lector o antagonicen con el evaluador, lo que normalmente produce una interminable secuencia de nuevas consultas y observaciones, con la consecuente frustración del titular, quien experimenta una razonable sensación de impaciencia e indefensión, al punto de llegar a precipitar un desistimiento y abandono de la idea original.
Como esto último es el peor de los resultados, es clave contar con asesores estratégicos en evaluación de impacto ambiental y control de calidad desde un principio. Son ellos los que interpretarán y representarán genuinamente los intereses del titular y los traducirán a los especialistas, quienes darán respuestas adecuadas a las interrogantes técnicas de los diversos ámbitos que hoy abarca la solicitud de autorización para ejecutar un proyecto de inversión, sin las cuales no es posible avanzar en la materialización de las inversiones que Chile necesita para un desarrollo sustentable.
Gysling & Cía.